Autoridades de Energía evalúan avances de la agenda del sector y plantean nuevos desafíos

Entre las principales iniciativas que se llevaron a cabo en el ejercicio pasado figura la ley de licitaciones de suministro eléctrico, que permitió inyectar competencia. Próximamente ingresará el proyecto de ley de asociatividad, que busca regular la relación entre empresas y comunidades.

(El Mercurio) Entre suspiros y risas. Así reaccionan los asesores más cercanos al ministro de Energía, Máximo Pacheco, cuando se les pregunta por su opinión sobre la continuidad del secretario de Estado después del cambio de gabinete a principios de esta semana. Esto, en el marco de un encuentro en “El Mercurio”, a un año del lanzamiento de la Agenda de Energía. Sus colaboradores destacan la claridad de Pacheco para ejecutar las directrices de su hoja de ruta, los márgenes de libertad con que los deja trabajar, y el foco que pone el ministro en los distintos procesos que lidera su cartera para lograr buenos resultados, aunque resaltan que “cuando quiere algo, lo quiere aquí y ahora, y nada lo puede convencer de lo contrario”.

Una de sus virtudes, precisan, es el diálogo como piedra fundamental de los avances logrados por las autoridades del sector eléctrico. También destacan que este elemento, probablemente, ha sido el factor para terminar con el estancamiento del rubro.

Otro “motor” fundamental para romper la inercia, propia de la burocracia, es, según el ministro, la coordinación.

En el balance, quienes trabajan con Pacheco lo definen como intenso, al igual que su trabajo, siguiendo el ritmo del ministro. A un año del puntapié inicial de la Agenda, el resumen es positivo: se han impulsado inversiones, y aunque Pacheco descarta un “apagón” en el país por escasez de electricidad, ilustra que lo que sí hay es un “pagón”, con tarifas muy altas que le restan competitividad a Chile y que afectan a los hogares.

“Judicialización de proyectos ya está más controlada”

“Sin transmisión no solo no hay energía, sino que no hay competencia ni buenos precios”, advierte Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE. Por eso la ampliación de las líneas, sobre todo la de Cardones-Polpaico, que lleva a cabo la colombiana ISA, es estratégica, al igual que la interconexión.

Pero esa línea enfrenta serios riesgos de judicialización, según han advertido de algunas de las 20 comunas por donde pasaría. Aun así, el ministro Pacheco asegura que están optimistas respecto de que se cumplirán los plazos. “La justicia cada día está dando señales más claras de que los procesos que se ajustan a la institucionalidad y que administrativamente están bien resueltos, se resuelven rápido”, sostiene. Destaca en este sentido que las empresas cada vez están haciendo una tarea más completa, y agrega: “El proceso de judicialización en Chile ya comienza a ser controlado”.

Reflejo de lo anterior, dice el ministro, es que hoy hay notoriamente más centrales en construcción que hace un año. Según cifras de la CNE, en marzo de 2014 existían 24 proyectos que sumaban una capacidad de 1.949 MW, mientras en abril de 2015 hay 40 proyectos que suman 3.777 MW. Pese al aumento importante de las ERNC, gran parte de esta cifra la explican proyectos hidro y termoeléctricos, advierte Romero.

Desarrollar 100 minihidros antes de fin del Gobierno

Actualmente en Chile hay alrededor de 70 minihidros, pero al fin de la administración Bachelet el Ministerio de Energía pretende sumar otras 100. “Ninguno de estos son grandes proyectos, pero ayudan a resolver la escasez de infraestructura a través de soluciones que son más simples y rápidas”, dice Pacheco.

Christian Santana, jefe de la división de energías renovables, dice que tanto en Chile como en el mundo ya no se están observando grandes economías de escala para la inversión inicial en hidroeléctricas. “Otra cosa es la permisología. Obviamente sacar adelante un proyecto pequeño puede costar comparativamente más que uno grande. Ello se explica porque el peso de las obras civiles en el total de la inversión ha ido aumentando en los proyectos grandes, a medida que los proyectos que requerían menor volumen de obras civiles ya se han desarrollado”.

Descartan que el plan del Gobierno solo se centre en minihidros. Nicola Borregaard reconoce que los grandes proyectos requieren más tiempo, pero están preparando políticas públicas para que en el mediano plazo puedan ingresar iniciativas de mayor tamaño. El objetivo es lograr una matriz diversificada, dicen.

Iniciativa que amplía giro Enap: no es comparable con una AFP estatal

Como una decisión pragmática define el ministro Pacheco el proyecto de ley que busca ampliar el giro de Enap e involucrar a esta empresa en generación. “Tenemos un costo altísimo de energía y hay que reducirlo. Para eso, hay que hacer cuatro cosas: construir más centrales; crear más líneas de transmisión; generar más competencia, y fomentar un mejor uso de la energía”, dice. La autoridad enfatiza que para generar más competencia, Enap debe jugar un rol importante, aunque asegura que es injusto comparar esta experiencia con la creación de una AFP estatal.

El ministro explica que la medida es necesaria, puesto que hay una serie de actores nuevos que quieren entrar al mercado eléctrico, y para eso buscan un operador que conozca Chile. “Enap es la misma que cuando vino la crisis del gas. Organizó la construcción de los puertos de GNL”, sostiene, planteando que la estatal sí está capacitada para participar en generación, y asegura que el proyecto le hará bien a la competencia.

Ley de Asociatividad implicaría leve alza de cuentas en ciudades

Tres pilares tiene el proyecto de ley de asociatividad que se presentará pronto.

Javier Zulueta, encargado de esa unidad, explica que se busca impulsar que las empresas paguen las patentes en las zonas donde tienen las centrales, aunque a la fecha ya han logrado que cerca del 80% lo haga. El segundo pilar es la equidad tarifaria, en la que, a través de una iniciativa que se tramitará de manera individual, se pretende reconocer a aquellas zonas que cuentan con una mayor generación de electricidad per cápita. Con ello, en cerca de 60 comunas se implementará una rebaja en las tarifas, pero en zonas urbanas -que por lo general poco aportan en generación-, las tarifas sufrirán un alza muy marginal. “Hay una distorsión que se genera por densidad poblacional. Hoy, las comunas rurales pagan más por la energía de lo que pagamos en Santiago”, enfatiza.

Advierte que este proyecto no pretende ser un impuesto a las empresas, sino que promover inversiones con legitimidad social. Los fondos serán administrados por un grupo que contará con gente de la localidad, el gobierno regional y el alcalde de la comuna. “Nos interesa que los actores se involucren, y para eso estamos avanzando en el desarollo de estándares participativos”, comenta Zulueta. Otro de los pilares fundamentales de esta iniciativa será promover el desarrollo local.

Prevenir y trabajar con comunidades

“Un mal proyecto simplemente no sale, pero como Gobierno podemos prevenir que se traben ciertas iniciativas y trabajar con las empresas y las comunidades para que esos proyectos vayan dando pasos seguros”, explica Danilo Núñez, jefe de la unidad de proyectos. Es decir, intentan detectar los cuellos de botella de los procesos.

El año pasado se anunció una cartera de proyectos con RCA aprobada que, en el caso de Energía, totalizaba US$ 2 mil millones y que buscarían sacar adelante. Núñez explica que siguen de cerca las carteras de las empresas privadas y ven cuáles son las iniciativas más ejecutables, aunque no presionan para que se haga uno u otro proyecto.

“Para enfrentar el costo de la energía el Estado necesita más infraestructura, por lo que no somos neutrales en que se hagan los proyectos”, enfatiza Pacheco. Pero advierte que no basta con que un proyecto sea bien concebido: “Esa empresa no va a pasar el test de calidad”. Una buena ejecución necesita de gestión social, es decir, llegar temprano a las comunidades y relacionarse con ellas.

Zulueta cuenta como anécdota que distintas comunidades piden “el estilo Pacheco”, es decir, hablar de frente. Agrega que esto es clave para lograr la confianza de las localidades y ayudar a empujar las iniciativas.

Fuente: Revista EI